El sistema de salud mexicano posee tres componentes básicos: los servicios privados, la seguridad social y los que –careciendo de capacidad de pago para tener acceso al primero, ni relación laboral que le permita ingresar en el segundo– representan la llamada «población abierta». Estos últimos reciben los servicios de la SSA y otras instituciones, sean del sector público o asociaciones civiles. En la media nacional el promedio de cobertura es de 3, 66 y 31 por ciento, en el orden expuesto. Es importante puntualizar que los servicios privados se subdividen en «honorarios por servicios» y «servicios médicos prepagados», y la seguridad social, según al apartado de la ley, es la institución prestadora de servicios: apartado «A», para los trabajadores de empresas privadas (IMSS) y «C» para los del sector público, sea federal, estatal o municipal (ISSSTE e ISSSTESON, como ejemplos). Es pertinente señalar que los grupos de población en los tres componentes antes mencionados no son permanentes. En efecto, si alguien pierde su trabajo pasa a ser «población abierta», la recíproca convertiría a una persona de la población abierta en «asegurado». No menos importante es aclarar que un «asegurado» no necesariamente es «usuario» de los servicios y que aproximadamente el 30 por ciento de los asegurados de bajos ingresos utilizan los servicios de la población abierta y los de altos ingresos la atención privada. Dado que la SSA, como se expone más adelante, es la que menor presupuesto per capita tiene, el que un porcentaje importante de aseguraos utilice los servicios destinados a la población abierta, menoscaba aún más el ya de por sí insuficiente presupuesto.
En una época en la que se han realizado cambios constitucionales, estructurales y administrativos en los servicios de salud de Latinoamérica, como en Chile, Colombia y Brasil, el sistema mexicano rebasa los cuarenta años sin reformas de fondo. Las razones, fundamentales a juicio del autor, son tres: financieras, laborales y políticas.
Todo cambio profundo en los servicios de salud debe buscar la equidad y alta calidad en los servicios otorgados a la población. Con la desproporción per capita entre la seguridad social y los usuarios de la población abierta, se requeriría elevar el presupuesto de la SSA en ochocientos por ciento para que la población abierta pueda recibir el mismo tipo de atención que la asegurada. Lo anterior, sin calcular la infraestructura hospitalaria necesaria para la homologación de los servicios.
La parte laboral es quizás el problema más complejo de los tres. El caso es que a la descentralización de los servicios de salud a los estados, no correspondió a una fragmentación del sindicato de los trabajadores de la SSA. A ello obedece que los servicios sean estatales y el sindicato sea nacional.
El IMSS y el ISSSTE siguen centralizados, en consecuencia sus sindicatos son, igual que la SSA, nacionales.
El componente político se deriva de la importancia numérica que representan los cientos de miles de trabajadores de la salud afiliados a sindicatos nacionales y su capacidad de respuesta para enfrentar lo que se considere una amenaza al statu quo.
Los tres componentes, financiero, laboral y político han impedido el cambio estructural de los servicios de salud.
Alternativas
Las posibles alternativas para una modificación son: privatización, servicio único descentralizado en los estados, y la organización de grupos de profesionales para brindar servicios a la población que se registre voluntariamente con el grupo de su preferencia.
Revisar cada una de ellas rebasa el propósito de esta intervención. Adelantemos, sin embargo, que la privatización no ha presentado buenos resultados en los países que la han puesto en práctica; las dos últimas serían viables si se resolvieran los obstáculos laborales y políticos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario